La Fundación AMBIO plantea reformas para asegurar la libre competencia
Que las reglas del juego estén muy claras, al igual que los castigos por infringirlas, es vital para el país, con la apertura del mercado que se dará tras la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. La Fundación AMBIO elaboró un informe sobre los cambios que requiere la Ley de la Promoción y Defensa Efectiva del Consumidor, para responder a este gran reto.
Que las reglas del juego estén muy claras, al igual que los castigos por infringirlas, es vital para el país, con la apertura del mercado que se dará tras la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, así lo consideró un grupo de abogados, politólogos y colaboradores del programa de gobernabilidad de la Fundación Ambio, el cual elaboró un informe sobre los cambios que requiere la Ley de la Promoción y Defensa Efectiva del Consumidor, para responder a este gran reto.
“Tradicionalmente la legislación nacional ha regulado la competencia, en lugar de facilitarla. Existe, además, un vacío procesal frente a los administrados, que provoca inseguridad, indefensión y confusión. Ahora que más empresas vendrán a operar en Costa Rica, es imprescindible que el Estado proporcione garantías procesales claras que respeten los derechos de las empresas, indistintamente de su tamaño, si son nacionales o extranjeras o si son tradicionales o nuevas”, explicó. Según el estudio de Ambio, los puntos fundamentales que se deben corregir en la Ley son, entre otros, la difusa relación entre la Unidad técnica y la Comisión de la Competencia que debe llevar a un rediseño institucional.
El marco conceptual requiere el establecimiento de definiciones precisas sobre dominio del mercado, prácticas verticales, mercado relevante, entre otros, que permita una Metodología Teórica consistente. A ellas se une la necesidad de contar con una Comisión de la Competencia que reúna los principios –así como la especialidad- del juez natural y contar con un órgano aparte e independiente tipo fiscal.
Las sanciones administrativas están desactualizadas. Se requiere la revisión del actual modelo confiscatorio de la sanción patrimonial, así como abrir la oportunidad a la proporcionalidad y adecuación de la sanción del caso, o si el daño es culpa de una conducta de la empresa o de uno de sus agentes, si se afecta al mercado general, parcial, indirecto o a un cliente.
“Estos cambios son indispensables si se pretende que la Comisión de la Competencia pueda tomar acciones contra las empresas o sectores que no sean ineficientes o contra quienes temen a la competencia y a producir beneficios a los consumidores. Además, la Ley debe desalentar las luchas entre empresas por razón de su tamaño o el enfrentamiento entre intereses económicos encontrados”, concluyó William Méndez, abogado y miembro de la fundación Ambio.
