Luego de la privatización, los servicios de energía eléctrica y de telefonía en Centroamérica incrementaron sus tarifas hasta en un 100% en algunos casos, mientras que la amenaza actual de la privatización del agua “se disfraza con mecanismos de concesión y descentralización”. Es lo que sostiene un estudio en profundidad realizado por un equipo integrado por Iván Martínez (CEIBA-Guatemala) Ricardo Salazar (CDC-El Salvador) Jorge Coronado (Encuentro Popular-Costa Rica), y Rubiel Cajar (Fundecu-Panamá) .
CENTROAMÉRICA Y MÉXICO
Acuerdan enfrentar abusos de transnacionales
San Salvador, El Salvador, 31 de octubre 2006.- Luego de la privatización, los servicios de energía eléctrica y de telefonía en Centroamérica incrementaron sus tarifas hasta en un 100% en algunos casos, mientras que la amenaza actual de la privatización del agua “se disfraza con mecanismos de concesión y descentralización”. Es lo que sostiene un estudio en profundidad realizado por un equipo integrado por Iván Martínez (CEIBA-Guatemala) Ricardo Salazar (CDC-El Salvador) Jorge Coronado (Encuentro Popular-Costa Rica), y Rubiel Cajar (Fundecu-Panamá)
El estudio titulado Orientación e impactos de la inversión extranjera en los servicios públicos en América Central fue presentado en el seminario organizado por el CDC y que contó con la participación de representantes de entidades ciudadanas de México, Centroamérica y Europa.
Resultados del estudio
El estudio sostiene que la inversión privada no garantizó mayor cobertura real ni cambió la calidad de estos servicios, por tanto no mejoró la calidad de vida de los consumidores, sino que, al contrario, profundizó las desigualdades y aumentó la exclusión de importantes sectores de la población.
En Guatemala el costo de la telefonía se ha incrementado en un 200% desde la privatización de la empresa estatal GUATEL en 1998; dice la investigación, mientras en El Salvador la tarifa energética de 154 kilovatios hora aumentó en 136% desde que se privatizó la distribución en 1996 y parte de la generación, unos años después.
Los perjuicios de la participación privada en la prestación de estos servicios son más dramáticos en El Salvador y Panamá, países donde las reformas de ajuste estructural y las políticas neoliberales fueron aplicadas en la forma más ortodoxa por los gobiernos de turno, agrega el estudio.
Estas estrategias de apertura también han impactado negativamente en la población de Nicaragua, Guatemala y Honduras, dice la investigación. En este último país, el proceso de privatización, principalmente de la energía eléctrica, se encuentra estancado debido a fuertes intereses de la oligarquía local que le vende energía al gobierno, señala la misma fuente.
En este sentido, “las promesas de quienes privatizaron fueron falsas”, dijo Armando Flores, director Ejecutivo del CDC. Flores afirmó que en El Salvador, sólo el 37% del total de hogares tiene teléfono fijo, mientras que en las zonas rurales el 85% no cuenta con este servicio, según la última Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples de la Dirección General de Estadísticas y Censos.
El agua
Los procesos de privatización del agua avanzan en la región mesoamericana bajo las modalidades de concesión, descentralización y creación de empresas mixtas integradas por las municipalidades y corporaciones transnacionales, especialmente de origen europeo, dice el estudio.
El caso más ilustrativo es la privatización del servicio de agua potable en San Pedro Sula, Honduras, donde las tarifas de 89 Lempiras (5 dólares aproximadamente) ahora llegan en algunos casos hasta 1 mil lempiras (50 dólares), según denunció en el seminario Wilfredo Lathrop, miembro del Bloque Popular. Lo mismo ha sucedido en México y Guatemala, sostuvieron Norma Castañeda, de la Red Mexicana frente al Libre Comercio, e Iván Martínez, de la Asociación CEIBA, donde se ha permitido la participación privada en el suministro del vital líquido mediante la concesión directa y a través de la creación de empresas mixtas.
Costa Rica, la excepción
El estudio destaca que Costa Rica es el caso contrario de toda esta problemática, dado que la totalidad de los servicios de telefonía, electricidad y suministro de agua potable son prestados por monopolios estatales, que se mantienen a pesar de los constantes intentos de privatización.
La telefonía y la electricidad están a cargo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el agua bajo la responsabilidad del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), ambos con una cobertura nacional de más del 90%, que los convierte en las empresas estatales más eficientes de América Latina.
“Esto desmiente el argumento neoliberal de que lo público es ineficiente y lo privado es eficiente, pretexto que utilizaron los gobiernos del resto de países de la región para privatizar los servicios públicos”, sostuvo Jorge Coronado, representante de Encuentro Popular. Este activista social costarricense asegura que las élites neoliberales de su país no renuncian a sus intenciones de privatizar estas empresas estatales, tal como lo demostraron en 1987 y en 2000, cuando intentaron privatizar el ICE, pero esto fue impedido por las fuertes protestas sociales.
El papel de las compañías transnacionales
Ante la falta de controles eficientes de las instituciones gubernamentales, las corporaciones transnacionales violentan en forma sistemática y permanente los derechos de los consumidores. Esta es una de las conclusiones de Luis Nieto Pereira, director del Observatorio de Multinacionales Españolas en América Latina. Nieto Pereira aseguró que empresas como la portuguesa-española Unión Fenosa invierten en la prestación de servicios públicos en los países de Centroamérica atraídas por los incentivos fiscales y por la falta de regulaciones laborales, medioambientales y de funcionamiento.
“Estas corporaciones violentan las garantías de los consumidores, con la complicidad de quienes controlan las instituciones estatales, y cuando un gobierno es hostil a sus propósitos actúan en su contra, interfiriendo en la política interna de los países”, sostuvo. Nieto Pereira mencionó como ejemplo a la compañía transnacional española Repsol que explota gas natural y petróleo en Bolivia.
“Esta empresa hizo campaña contra Evo Morales cuando era candidato, y ahora que es presidente actúa intensamente para desestabilizar a su gobierno”, dijo. El dirigente exhortó a la ciudadanía de Mesoamérica y de América Latina a implementar acciones contra los vejámenes de las empresas multinacionales, mediante la organización de la defensa de los derechos que les competen como usuarios y a través de la exigencia a los gobierno para que aplique efectivamente los controles respectivos.
Nieto Pereira propuso que en los países donde las fuerzas progresistas están llegando al gobierno, la reivindicación del papel regulador del Estado debe ser una de las acciones más urgentes, para luego entrar a procesos de re-nacionalización de los servicios públicos básicos.
(Fuentes: CDC y Diario Colatino).
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