Nuevo reto: convenios sobre gestión de productos y desechos peligrosos
La preocupación en torno a la gestión o manejo racional de las sustancias químicas ha cobrado especial fuerza en los últimos años, a raíz de la creciente industrialización del país que, entre otros aspectos, conlleva el uso, generación y desecho de productos calificados como peligrosos.
Jorge Cabrera Medaglia
La preocupación en torno a la gestión o manejo racional de las sustancias químicas ha cobrado especial fuerza en los últimos años, a raíz de la creciente industrialización del país que, entre otros aspectos, conlleva el uso, generación y desecho de productos calificados como peligrosos.
En atención a la necesidad de dar respuestas legales e institucionales a estos nuevos retos que forman parte de la denominada Agenda Café de la Sostenibilidad, Costa Rica ha tratado de fortalecer la coordinación institucional en la materia. Ejemplo de lo anterior lo tenemos en la promulgación del decreto n.° 33104-RE-MAG-MINAE-S del 7 de junio del 2006, que crea la Secretaría Técnica de Coordinación para la Gestión de Sustancias Químicas.
Asimismo, recientemente la Asamblea Legislativa aprobó la Convención para la Reducción y Eliminación de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (o COP), más conocida como la Convención de Estocolmo, vigente en el plano internacional desde mayo del 2004.
Gestión racional. En términos generales, y producto del desarrollo económico, países como los nuestros han empezado a tener que lidiar con la gestión racional de las sustancias peligrosas, sean productos o desechos. No obstante, por razones evidentes, la política ambiental costarricense se había enfocado en responder a los problemas de la llamada “Agenda Verde”, tales como control de la deforestación y la tala ilegal; la consolidación de las áreas silvestres protegidas, la caza y pesca ilegales, etc. Ahora, adicionalmente, debemos hacer frente a los nuevos desafíos que integran la Agenda Café, como sucede en el caso de los productos peligrosos. Estos nuevos retos van en aumento por varios motivos, entre ellos: el ingreso de empresas que utilizan como insumos en sus procesos productivos nuevas sustancias; la escasa aplicación de la normativa existente tratándose de manejo y desecho seguro de sustancias peligrosas; las dificultades institucionales y legales para hacer frente a estos problemas; y la necesidad de contar con tecnologías adecuadas para la gestión racional de estas sustancias durante su ciclo de vida (de la “Cuna a la Tumba”).
Curiosamente, las acciones internacionales, de las cuales forma parte el Convenio de Estocolmo, comenzaron abordando el problema desde la “tumba”, mediante la negociación y ratificación de la Convención de Basilea sobre el Movimiento Transfronterizo de Desechos Peligrosos y su Eliminación (ratificado por Costa Rica) y posteriormente se finalizan tratados para la controlar la producción, uso, importación y exportación de ciertos productos peligrosos, a saber: el Convenio sobre la Aplicación del Procedimiento del Consentimiento Informado Previo para Ciertos Agroquímicos y Productos Industriales (conocido como el Convenio de Rotterdam) y finalmente el Convenio de Estocolmo antes indicado. Adicionalmente, aunque a diferencia de los anteriores no resulta jurídicamente vinculante, se debe mencionar la Iniciativa sobre el Enfoque Estratégico de Productos Químicos (conocida por las siglas en inglés como SAICM) impulsada por el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA).
El decreto antes citado designa como autoridad nacional competente para Basilea al Ministerio de Salud; para Estocolmo al Ministerio de Ambiente y, para el caso de Rotterdam, al Ministerio de Agricultura.
Responsabilidades. Estos compromisos internacionales, vinculantes o no, implican para el país un reto desde la perspectiva del marco legal, institucional y tecnológico. Las responsabilidades asumidas no son desdeñables. Por ejemplo, existen obligaciones referidas a la reducción y eliminación de sustancias que pueden tener impactos económicos e institucionales importantes. Igualmente, en el caso del Convenio de Estocolmo, se requiere contar con planes nacionales de aplicación que incluyan inventarios de estas sustancias y procedimientos para su eliminación. La elaboración y ejecución de estos planes es costosa y su implementación no puede darse sin participar a los sectores interesados en cualquier estrategia de gestión racional.
El manejo de los productos y desechos peligrosos representan un creciente, pero impostergable desafío para el país, que requiere la estrecha coordinación de los Ministerios de Salud, Agricultura (Producción) y Ambiente.
