Urge una ley en defensa de los derechos de los tarjetahabientes ante la insuficiencia del reglamento
Consumidores y comercio demandan voluntad política para esto, ya que la ausencia de regulación permite que los intereses sobrepasen sin control alguno hasta 6 veces la tasa básica, con un impacto en la inflación y en el nivel de vida de la población.
Un desbalance permanente
Urge una ley en defensa de los derechos de los tarjetahabientes ante la insuficiencia del reglamento
Preocupan las declaraciones de la nueva Ministra sobre la posibilidad de cambios por razones "técnicas"
El pasado 8 de abril, el MEIC presentó, en la UNED, el nuevo Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito. Ningún lugar más idóneo que este paraninfo universitario que cumple así con su vocación de vincular academia con problemática nacional. Desde el 13 de Marzo, La Nación había destacado la importancia de la regulación de tarjetas. Una normativa laxa y obsoleta conspiraba contra los consumidores. El impacto causado por el nuevo reglamento, la polémica pública por él suscitada y las denuncias de presiones motivan un comentario editorial adicional sobre esta materia.
Destaca la moderación del reglamento si se le compara con el proyecto sometido a consulta desde el 2009. Los cambios introducidos reflejan la consideración que se tuvo de las observaciones de todos los agentes interesados. En beneficio de los emisores, se aumentaron los tiempos para la implementación de la información en pantallas de cajeros automáticos y se cambió, de negación a aceptación, la presunción de silencio de los tarjetahabientes ante modificaciones en las condiciones de los contratos. En beneficio del tarjetahabiente, se mantuvo la prohibición de acoso u hostigamiento en la cobranza, sobre todo a aquellos que no son partes contractuales, como jefes y familiares de los tarjetahabientes. En varios puntos se subrayó fidelidad con los principios de nuestro ordenamiento jurídico en beneficio de la parte contractual más débil. Con firmeza, pero también con apertura al diálogo, el nuevo reglamento es un producto de calidad, reflejo de un estudio profundizado de derecho comparado, en especial de la ley Obama.
En este aparentemente tranquilo escenario trascendió a la opinión pública la existencia de presiones, fuera de los canales previstos para las consultas públicas, en detrimento de la igualdad de condiciones para todas las partes interesadas. Se trató de esfuerzos puntuales y repetidos de algunos emisores para detener el nuevo reglamento, o quitarle garra. Merece especial mención la objetividad y sentido del interés público de la jerarquía del MEIC, y es de esperar que no se cobre esa firmeza y vocación de servicio manifestada en el último aliento de la jornada de esta administración. Preocupan, eso sí, declaraciones prematuras de autoridades futuras que manifiestan ya la posibilidad de cambios por razones "técnicas". Mal camino iniciar con titubeos una gestión. La defensa del consumidor debe ser uno de los propósitos primarios de la nueva ministra de Economía.
Con todo y el mérito que sin duda merece esta iniciativa, no se puede pasar por alto que queda corta. Como decía el editorial de marzo, aunque es un paso en la dirección correcta, queda en "agenda un análisis de la proporcionalidad y racionalidad del amplio espectro de diferentes tipos de intereses y comisiones que pagan tarjetahabientes y comercio". Para este paso será necesaria una ley. Consumidores y comercio demandan voluntad política para esto, ya que la ausencia de regulación permite que los intereses sobrepasen sin control alguno hasta 6 veces la tasa básica, con un impacto en la inflación y en el nivel de vida de la población.
Costa Rica tiene durmiendo en la Asamblea un anteproyecto de ley que debería reanimarse, como lo han reclamado consumidores y comerciantes. Esta administración no tuvo esa prioridad. La administración de Obama, en cambio, y enfrentada a mayores retos, se atrevió a abrir el portillo a una tendencia internacional, que busca poner coto a la desproporción del cobro de tasas y comisiones. El debate y las presiones surgidas alrededor de regular la mera transparencia dejan entrever la reacción que se tendría en la materia pendiente. Es muy posible que la reacción actual tuviera ese mensaje de fondo ante las nuevas autoridades.
Detrás de este debate queda subrayada, además, la importancia estratégica de un MEIC fortalecido. Cabe retomar esta preocupación a la luz del permanente desbalance que ha existido entre el peso específico de esta institución y sus competencias. En el MEIC se resumen apoyo a la industria, interlocución con el comercio, apoyo al consumidor y pymes, rectoría de calidad y atribuciones esenciales en la política defensiva del país.
Frente a otros ministerios, semejantes en rectorías, áreas temáticas y volumen de funcionarios, queda como interrogante si el peso y atestados de los jerarcas asignados son expresión fiel de la voluntad política de superar esa brecha.
Para resolver estos interrogantes, mucho dependerá de la firmeza en defender lo actuado y en profundizar ese logro avanzando en la agenda pendiente de tasas y comisiones de tarjetas. Consumidores, comerciantes y pymes deberán estar ojo avizor al curso de los acontecimientos.
