Zonas de recarga de agua están sin protección

Las áreas de recarga acuífera, de las cuales depende el abastecimiento futuro de agua potable, están desprotegidas. Sitios de alto crecimiento inmobiliario, como Nosara, Cuajiniquil y Tamarindo, son de recarga acuífera. Igual las partes altas de la Cordillera Volcánica Central, donde destacan comunidades como Poás y los alrededores del volcán Irazú.

Las áreas de recarga acuífera, de las cuales depende el abastecimiento futuro de agua potable, están desprotegidas.

Basta con revisar el mapa elaborado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y relacionar los puntos identificados como “zonas de recarga acuífera” para darse cuenta que coinciden con muchos de los grandes desarrollos urbanísticos.

Sitios de alto crecimiento inmobiliario, como Nosara, Cuajiniquil y Tamarindo, son de recarga acuífera. Igual las partes altas de la Cordillera Volcánica Central, donde destacan comunidades como Poás y los alrededores del volcán Irazú.

Las zonas de recarga son vitales para el abastecimiento de agua potable. Allí es de donde se abastecen los acuíferos.

Son terrenos donde el agua de lluvia se filtra hasta formar depósitos de aguas subterráneas que después pueden ser explotados en forma de pozos, o bien pueden florecer como fuentes superficiales (por ejemplo, ríos y arroyos).

El último informe del Estado de la nación, advierte sobre la desprotección de esas zonas.

Según dice el informe, existe una alta vulnerabilidad en la zona de recarga de los acuíferos Barva, La Libertad y Colina, “donde durante varios años se ha detectado la presencia de nitratos, situación que aumentará si persiste el desarrollo urbano sin un tratamiento adecuado de las aguas negras”.

Riesgo. El peligro es inminente. El mismo informe dice que “en las áreas donde hay cambio de uso de la tierra, de agrícola a urbano, la carga de contaminantes de nitratos aumentó un 40%”.

Aunque el Estado de la nación reconoce los esfuerzos por identificar las áreas que requieren protección, sí lanza una alerta, que reconoce Acueductos y Alcantarillados (AyA), institución rectora del sector de agua potable y saneamiento.

Su presidente ejecutivo, Ricardo Sancho, dijo que se hacen esfuerzos por prohibir el levantamiento de construcciones en zonas altas, donde el agua de la lluvia se filtra y permite a los acuíferos reabastecer las fuentes de agua potable.

Sin embargo, Sancho también admitió que muchos de esos controles pueden ser evadidos por los desarrolladores.

“Hemos denegado permisos, y no se dan. Posiblemente, existan construcciones ilegales. La parte marginal es incontrolable, pero el resto las debe fiscalizar las municipalidades”, dijo Sancho.

El funcionario dijo que las municipalidades son las responsables de fiscalizar el respeto de las zonas de recarga. Actualmente, el AyA busca nuevas fuentes de agua para abastecer al acueducto metropolitano, cuya vida útil acabará en el 2015.

Contaminación

Triste recuento en un país ecológico

El 11 de julio del 2001, un derrumbe que afectó la planta Puente de Mulas, en Belén de Heredia, dejó sin cloro una producción de mil litros por segundo de agua. Como resultado, se registraron 7.000 personas con problemas digestivos en zonas como Escazú, Santa Ana, Alajuelita y Desamparados. Pocos días después, los vecinos de cantones como Tibás, Goicoechea y Vásquez de Coronado se quedaron sin agua. AyA decidió suspender el servicio pues la fuente superficial que abastece a esos sitios se contaminó con hidrocarburos.

La Nación, 5 de enero, 2008.